El Consejo de Derechos Humanos debate sobre la implementación del EPU y el papel de los interlocutores relevantes

El debate general del punto 6 que tuvo lugar en el Consejo de Derechos Humanos (el Consejo) el 22 de septiembre de 2014 fue de nuevo una buena oportunidad para discutir sobre el EPU. Se trataron diferentes asuntos:  la implementación de las recomendaciones, los informes a medio a plazo, el papel de "otros interlocutores relevantes" y las represalias tomadas en contra de defensores de derechos humanos. 

Implementación de recomendaciones

Fue continuamente subrayado que la implementación de las recomendaciones es clave para el proceso del EPU. UPR Info destacó que tras la evaluación de más de 11,000 recomendaciones alrededor de un 48% de las recomendaciones recibidas causaban efectos. En este asunto el papel de los Parlamentos fue especialmente destacado por A.R.Y Macedonia, en representación de 39 Estados, que encomendó la iniciativa de aumentar su papel en el proceso. Declaró que los Parlamentos podrían "contribuir aún más en la implementación de las recomendaciones aceptadas a nivel nacional". Macedonia también agradeció a los Estados que habían contribuido al Fondo de Contribuciones Voluntarias por la participación en el proceso del EPU que provee apoyo técnico a los Estados en la implementación de sus recomendaciones.
 
A pesar de que la cifra anteriormente mencionada parece positiva, todavía hay una serie de desafíos que afrontar. La organización Sudwind declaró que muchos países no aceptaban un gran número de recomendaciones mientras que otros aceptaban algunas sin tomarse las molestias de implementarlas efectivamente. Americans for Democracy and Human Rights presentó el caso de Bahréin: a pesar de que ha aceptado muchas recomendaciones, consta que Bahréin ha hecho poco para la implementación. Se afirmó que Bahréin había dado pasos contradiciendo incluso las recomendaciones del EPU con su ley de terrorismo la cual restringe la libertad de expresión.

A fin de encarar la falta de implementación, 39 Estados, dirigidos por A.R.Y. Macedonia hicieron un llamamiento al Consejo para que "explorara los documentos existentes" y así determinar cómo reaccionar. Compartiendo la misma preocupación, el Korea Centre of UN Human Rights Policy pidió al Consejo que adoptara una resolución que incluya, inter alia, "traducir, publicitar y apoyar la difusión de las recomendaciones recibidas", "involucrarse en consulta substantiva con la sociedad civil" y "asegurar su participación en el proceso de implementación, incluyendo el monitoreo", "establecer un Plan Nacional de Acción" y "enviar un informe a medio plazo".

El asunto de la calidad de las recomendaciones también fue mencionado y debatido. Etiopía, Marruecos y Sunwind reconocieron la relevancia de hacer recomendaciones específicas a fin de monitorear su implementación. Sundwind también urgió a los Estados recomendantes a que evitaran el uso de "conceptos amplios y difusos" en sus recomendaciones para que pudieran ser monitoreadas más adelante.

Informes a medio plazo

Italia, de parte de la Unión Europea, anotó que un número creciente de Estados había aceptado presentar un informe voluntario a medio plazo. Túnez presentó su propio informe después de haber conducido un proceso nacional permitiendo la participación y debate de todos los interlocutores relevantes. El Reino Unido afirmó que también estaba involucrado en un diálogo con la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos a fin de adoptar su propio informe a medio plazo. Destacó que hacer un informe de evaluación a medio plazo era un ejemplo de buena práctica y animó a otros Estados a que hicieran los mismo. Save the Children tomó la palabra para comentar el informe del Reino Unido y criticó el documento ya que presuntamente no conseguía presentar "una valoración crítica de cómo de lejos Reino Unido había implementado las recomendaciones en relación con los derechos de los niños".

El papel de la sociedad civil

Italia, en nombre de la UE, elogió el papel que las ONG independientes jugaban en el EPU ya que denunciaban y documentaban violaciones de derechos humanos; semejante contribución "ha dado un ímpetu mayor a este importante mecanismo". Moldavia por su parte, reconoció que el EPU es único porque es un proceso participativo y mencionó específicamente que la contribución de la sociedad civil era esencial para el proceso. Las Maldivas también agradecieron la creciente participación de actores no estatales en el EPU, lo cual ha convertido el proceso "más transparente y objetivo". Tras dolerse de que la sociedad civil no tuviera suficientes recursos y la guía necesaria "para contribuir al proceso constructivamente", Maldivas agradeció a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos por haber promovido un participación de la sociedad civil más amplia.

Represalias en contra de defensores de derechos humanos

Mientras cubrían la relevancia de otros interlocutores relevantes, los oradores también cubrieron el asunto de las represalias. Italia, en nombre de la UE, también estaba particularmente alarmado por "los incidentes reportados de acoso, intimidación y represalias contra los representantes de la sociedad civil y sus organizaciones". El EPU puede dar visibilidad a los defensores de derechos humanos; por lo que no es sorprendente que muchos de ellos se involucren con este mecanismo. Tal y como señaló International Service for Human Rights (ISHR), dichos defensores son frecuentemente sujetos a actos de intimidación o represalias como amenazas, detenciones e incluso asesinatos. Según Amnistía Internacional la situación en Gambia se está deteriorando ya que tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas son marcados como objetivos. Para ISHR, tales actos minan los mecanismos de derechos humanos (el EPU incluido), por lo que el EPU debería lidiar con este problema: esta es una oportunidad única para que los Estados demuestren un serio compromiso con los derechos humanos en general y con los defensores de dichos derechos en particular.
 

Credit: UN Photo/Jean-Marc Ferré