El Comité de Derechos Humanos debate cómo reforzar el Fondo Voluntario y la cantidad y calidad de las recomendaciones.

El 20 de marzo de 2015, el Consejo de Derechos Humanos mantuvo, durante la 28º período de sesiones, un debate general sobre el tema 6 del programa: el Examen Periódico Universal (EPU). Durante dicho debate, varios Estados y ONG tomaron la palabra para señalar los desafíos actuales del EPU y, a su vez, reconocer su valor añadido en lo que se refiere al intercambio de buenas prácticas y en su potencial para mejorar la situación de derechos humanos sobre el terreno. Los principales problemas que se debatieron fueron los siguientes:

El Fondo de Contribuciones Voluntarias para la asistencia financiera y técnica.

Marruecos, junto con Albania, Turquía, Argelia - en nombre del Grupo de los Estados de África– e India recalcaron el papel determinante que juega el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la asistencia financiera y técnica proporcionado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para ayudar a los Estados a mejorar sus capacidades a nivel nacional durante la implementación de las recomendaciones del EPU. Además, China, en su declaración hecha en nombre de un total de 25 Estados, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer dicho Fondo ’especialmente para ayudar a los Estados menos desarrollados y a pequeños Estados insulares’.

La cantidad y la calidad de las recomendaciones.

El Reino Unido, en nombre de Marruecos, Brasil y de un total de 50 Estados, señaló la necesidad de mejorar la calidad de las recomendaciones hechas durante el EPU ya que la precisión de éstas es esencial para su implementación. De acuerdo con su declaración, todas las recomendaciones deben ser precisas, prácticas, constructivas, orientadas al futuro y viables. A su vez, Filipinas animó a los Estados a hacer recomendaciones prácticas y, UN Watch, declaró que el EPU debería ser un mecanismo específicamente centrado en áreas específicas de la acción del gobierno.

Además, el Reino Unido, en su declaración conjunta, mostró preocupación sobre el creciente número de recomendaciones. Dicho fenómeno, en su opinión, supone una dificultad para el Estado examinado a la hora de administrar e implementar las recomendaciones debidamente. En consecuencia, el grupo de 50 Estados se comprometió a limitar a 2 el número de recomendaciones hechas a los Estados examinados.  En este mismo sentido, Bahréin, en su declaración hecha en nombre del Grupo de Estados de África, también consideró reducir el número de recomendaciones con el fin de evitar sobrecargar el EPU.

No obstante, UPR Info, en nombre de un grupo de 47 ONG, sugirió que limitar el número de recomendaciones provocaría que asuntos importantes fueran dejados de lado. Asimismo, el hecho de tener recomendaciones idénticas o similares sobre un tema concreto no sobrecarga al Estado examinado ya que dichas recomendaciones piden, a su vez, acciones similares. Por el contrario, la repetición enfatiza la preocupación de la comunidad internacional sobre una problemática concreta. El grupo de ONG concluyó que el mayor problema en el EPU no es  la cantidad de recomendaciones sino la calidad, ya que durante los exámenes del EPU se realizan numerosas recomendaciones débiles, vagas e indeterminadas.

El rol de los Estados que hacen las recomendaciones.

Varias declaraciones hechas durante el debate hicieron referencia a la necesidad de incrementar el rol de los Estados que hacen las recomendaciones mediante el seguimiento de las recomendaciones que éstos realizan a otros Estados. El Reino Unido y Paraguay, tomando la palabra en nombre de un total de 50 Estados, hablaron de la necesidad de reiterar recomendaciones hechas durante los exámenes anteriores cuando éstas no han sido totalmente implementadas y cuando así se considere conveniente. Por otro lado, el Reino Unido, Marruecos, Letonia – en nombre de la Unión Europea – y Argelia – en nombre del Grupo de Estados de África -  señalaron que la cooperación internacional y la asistencia entre Estados para promover una apropiada implementación de las recomendaciones, juega un papel clave para reforzar las capacidades del Estado examinado a nivel nacional.

Informe intermedio.

Tal y como declaró China, en nombre de 25 Estados, los gobiernos tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. En este mismo sentido, en su discurso, la Unión Europea, junto con el Grupo de Estados de África, acogieron satisfactoriamente la práctica de algunos Estados de presentar un Informe intermedio – aproximadamente dos años después de la revisión - con el objetivo de fortalecer el seguimiento de la implementación de las recomendaciones y aumentar la credibilidad del EPU. A su vez, Paraguay afirmó que ‘sin el seguimiento, la aceptación de las recomendaciones se convertirá en una promesa vacía’.  

El rol de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos.

La mayoría de participantes reconocieron el importante papel que tiene la sociedad civil durante el EPU. Por un lado, tal y como Turquía señaló, involucrar durante todo el proceso a los diferentes actores supone una oportunidad para compartir buenas prácticas. Por otro lado, tal y como mencionó Paraguay, las organizaciones de la sociedad civil son un pilar fundamental durante el seguimiento del EPU.

A su vez, la Unión Europea destacó que mientras en muchas ocasiones las relaciones entre los Estados y las ONG son ejemplares, en otras, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques y represalias. Asimismo, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, en sus siglas en inglés) y la República Checa condenaron dichos ataques e hicieron un llamamiento a los Estado para prevenir cualquier forma de intimidación en contra de personas o grupos de personas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Así, el ISHR instó a los gobiernos a tener éste tema en consideración durante la preparación de sus recomendaciones.

Fotografía: UN Photo / Jean-Marc Ferré.